PenaLa pena.

   El carácter punitivo del derecho penal se manifiesta en la pena, es decir, en una medida generalmente temporal que se impone al responsable de la conducta típica de un hecho delictivo, y que va a suponer para dicho sujeto una carga a su libertad o patrimonio. El elenco de penas en España se puede clasificar en tres tipos: la multa, la privación de derechos y la privación de libertad. Aunque es cierto que en los últimos años se están viendo en algunas sentencias condenas curiosas cuya pena se centra en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, así como en la exclusiva reparación del daño producido a la víctima.

   Considerando la influencia que la pena va  a ejercer sobre el sujeto que la recibe, y que ese sujeto puede ser cualquier persona que cometa la acción ilícita en un momento determinado, se deduce que la pena es la parte  de mayor interés  para los ciudadanos.

   Si tomamos el Código Penal, en un primer vistazo nos muestra los delitos por tipos reflejando la conducta infringida, y a continuación la pena que se va a imponer al infractor de dicha conducta. Por poner un ejemplo; el artículo 147.1 que regula el delito de lesiones de la siguiente forma:

“Artículo 147

  1. 1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años…”

   En la propia redacción del 147 se aprecia la conducta ilícita que es la de causar lesiones a otro; y también la pena que va a conllevar: prisión de 6 meses a 3 años.

   Lo que llama poderosamente la atención en nuestro Código es que no establece la pena de forma absoluta, sino que se marca un umbral en el que variará la condena final impuesta. Esta idea de umbral no se aprecia solo en los tipos básicos de delito, sino que se va a desplegar en todas circunstancias que puedan alterar la pena de tal modo, que cuando un Juez vaya a establecer una pena que sea superior al mínimo señalado en el tipo, estará obligado en su resolución a motivar las razones que le han llevado a tomar esa decisión.

   Para determinar la pena por una conducta contraria al Código Penal en primer lugar habrá que tomar como referencia el tipo básico, es decir lo que establece el Código para ese determinado delito. En segundo lugar se deberá tener en cuenta el grado de ejecución. Ante esto, podemos encontrarnos con dos supuestos: el delito consumado o el delito en grado de tentativa. La tentativa es la intención de ejecutar el delito que por las razones que sean no se llega a consumar. Por ejemplo, un agresor pillado infraganti que suelta a su víctima sin causarle daño y sale corriendo.

Grados o mitades.

   Cuando un delito se ha ejecutado en grado de tentativa, la pena se impondrá en uno o dos grados por debajo. En este punto es necesario hacer un pequeño receso para explicar dos conceptos diferenciados y relevantes en la modificación de las penas: Por un lado el concepto de grado superior o inferior y por el otro la pena en su mitad inferior o superior.

   Para determinar la pena de un delito de lesiones (art. 147.1 CP) en grado de tentativa, habrá que tomar la condena del tipo básico, es decir, de 6 meses a 3 años. Un grado inferior se determinará convirtiendo el mínimo del tipo básico en el máximo, y restarle la mitad para obtener el mínimo. De este modo tenemos que la pena inferior en un grado por el delito de homicidio sería de 3 a 6 meses (-1 día). Pero la norma nos dice que en función de las circunstancias de la tentativa, la pena podrá rebajarse en 1 o 2 grados, por lo que si rebajáramos un segundo grado, quedaría de 1 mes y 15 días3 meses de prisión (-1 día). Por el contrario, si se tratara de imponer la pena en un grado superior, acudiríamos nuevamente al tipo básico, de 6 meses a 3 años, tomaríamos como mínimo del nuevo umbral el máximo del tipo básico, y para determinar el nuevo máximo le sumariamos la mitad de si mismo al máximo del tipo básico, por lo que para el delito de lesionestendríamos de 3 años y 1 día a 4 años y 6 meses.

   Por otra parte, habrá casos (especialmente los afectados por circunstancias atenuantes o agravantes) en los cuales la pena se aplicará en su mitad superior o inferior. La mitad inferior de la pena para el delito de lesiones sería de 6 meses a 1 año y 9 meses; y su mitad superior de de 1 año 9 meses y un día a 3 años.

Determinación de la pena.

   El artículo 66 del Código penal señala una serie de reglas de aplicación de la pena en virtud de las circunstancias bien atenuantes o bien agravantes que se puedan dar, las más importantes son:

  • Si encontramos una sola circunstancia atenuante, la pena se aplicará en su mitad inferior.
  • Cuando veamos 2 o más circunstancias atenuantes o una o varias privilegiadas o muy atenuantes (con mucho peso) la pena se aplicará en uno o 2 grados por debajo.
  • Ante una o 2 circunstancias agravantes, la pena se aplicará en su mitad superior.
  • Si el Juez ve más de 2 circunstancias agravantes y ninguna atenuante, podrá aplicar la pena un grado por encima en su mitad inferior.
  • Si concurren atenuantes y agravantes, se compensan entre sí.
  • Si no encontramos agravantes ni atenuantes, el Juez podrá recorrer la pena del tipo básico en toda su extensión.

Circunstancias atenuantes y agravantes.

   El elenco de circunstancias que pueden alterar la imposición de la pena bien sea en favor del justiciable o en detrimento suyo se reflejan en el Código Penal.

   Respecto a las circunstancias atenuantes, el artículo 21 señala una serie de circunstancias pero en su apartado final habla de “cualesquiera otras de análoga significación con las anteriores” por lo que podemos entender no se trata de una lista cerrada y pueden darse supuestos en principio no contemplados de forma explícita pero si subsumibles como atenuantes por este apartado 7 del artículo 21. Las principales circunstancias atenuantes que nos vamos a encontrar son la drogodependencia o el estado de embriaguez; la reparación del mal causado y las dilaciones procesales indebidas por causa no imputable al justiciable.

   Para el caso de la drogadicción hay que precisar que es muy complicado acreditar que el justiciable se encontraba bajo una fuerte influencia de sustancias estupefacientes en el momento de cometer el delito ya que los análisis que se le puedan realizar con posterioridad solo acreditan la toxicidad en un periodo largo de tiempo. La única forma de acreditarlo sería mediante testigos o el propio informe del SAMUR. Sin embargo es mucho más fácil acreditar que el justiciable es drogadicto o incluso que se encuentra en tratamiento rehabilitador, ya que esto se demuestra con los propios informes forenses.

   Por reparación del mal entendemos devolver a la víctima o resarcirla por el mal causado. Para que la reparación del mal se pueda considerar como un atenuante muy cualificado o privilegiado, deberá resarcirse incluso más del mal que se causó.

   La atenuante por dilaciones procesales indebidas no imputables al justiciable se recoge para compensar al sujeto pasivo de la demora en la administración de justicia que le provoca el perjuicio de estar sometido a un proceso penal por más tiempo del debido. Se podrá invocar esta circunstancia atenuante cuando se produzcan dilaciones en los plazos que establece la ley, y se podrá considerar como muy calificada cuando la paralización se produzca durante años.

   El Código Penal establece otras circunstancias atenuantes que suelen ser menos comunes de encontrar en los procedimientos judiciales como la de actuar movido por un arrebato u obcecación originado por alguna emoción pasional; el arrepentimiento espontáneo y las análogas.

   Las circunstancias que pueden agravar la pena, vienen recogidas en el artículo 22 del Código Penal y son la alevosía; ejecutar el hecho con disfraz, abuso de autoridad o prevalecerse de cualquier circunstancia que devenga en una ventaja; precio, recompensa o promesa; ensañamiento; abuso de confianza; reincidencia; obrar por motivos discriminatorios y prevalecerse del carácter público.

   La principal diferencia respecto de las atenuantes es que no se recoge la posibilidad de agravante por analogía con otras circunstancias agravantes, de tal modo, las señaladas en el artículo 22 serán las únicas que puedan concurrir, y se dan bajo un sistema interpretativo “numerus clausus”.

Conclusión.

   Para los abogados, a la hora de realizar una defensa de garantias, es de vital importancia saber manejar estas reglas de determinación de la pena, ya que en muchos casos resultará imposible conseguir la absolución, pero si será posible una rebaja considerable en la condena final.