El proceso penalEl proceso penal se constituye como la manifestación a nivel jurídico del derecho a condenar que tiene en exclusiva el Estado, frente a las personas, que bien sean ciudadanos o personalidades jurídicas, han llevado a cabo una conducta mala o nociva para la sociedad.

Además para que este procedimiento comience, es necesario que dicha conducta se encuentra señalada en la ley, y lleve aparejada una pena. A esto se conoce como la tipificación de las conductas o hechos.

Pero la función de el proceso penal, si bien en la antigüedad tan solo era punitiva, es decir, alguien cometía un delito y como consecuencia se le condenaba con la finalidad de castigarle, o de proporcionar un resarcimiento a la sociedad o a la persona agraviada. Hoy en día, por el contrario, la función del proceso penal no es exclusivamente el castigo, sino que dicha finalidad se bifurca en otros elementos con igual o mayor importancia.

Entre ellos se podría hacer mención a la protección de la víctima, que no solo tendrá derecho a ejercitar una acción penal contra aquel que le haya agraviado, sino también una acción civil, encaminada claramente a la reparación del bien dañado o a su restitución.

Pero del mismo modo que se protege a la víctima, en sociedades avanzadas se considera necesario llevar a cabo políticas de reinserción y reeducación de aquellos que han sido penados. De tal modo, se pretende que cuando estos sujetos hayan cumplido su pena puedan reintegrarse en la sociedad con las garantías suficientes para posibilitarle rehacer su vida en condiciones dignas.

La historia de el proceso penal en Europa ha sido algo cambiante en las distintas épocas. Durante la Edad Antigua, los griegos y los romanos adoptaron lo que se ha conocido como el sistema acusatoria. Este sistema se caracteriza por gozar de una perspectiva privada del derecho penal, de tal modo que solo el ofendido o perjudicado podía iniciar dicho procedimiento e instar tanto el castigo como el resarcimiento del daño. Más tarde, se dan cuenta de que determinadas conductas no afectan solo al individuo ofendido, sino al conjunto de la sociedad como tal, y de esta idea surge la acusación popular, que no es otra cosa que la capacidad de cualquier ciudadano iniciar la vía penal. En esta época los juicios eran de única instancia, y el juez nunca iniciaba el procedimiento, de ahí que se le considere como sistema acusatorio.

Ya en la Edad Media y con la influencia de la Iglesia Católica en el continente europeo, el sistema acusatorio va perdiendo fuelle en favor del nuevo sistema inquisitivo. Con el nuevo sistema inquisitivo la acusación popular da paso al Juez que actúa de oficio, ya que las gentes de clase más humilde no tenían posibles para acceder a la justicia frente al poderoso. Bajo este sistema las funciones de acusar, defender y juzgar se concentran en la misma persona, pero se va a requerir para emitir condena una prueba tasada, frente a la libre convicción del juzgador. Además se permitirá también la segunda instancia o apelación.

Con la llegada de la Revolución francesa en el siglo XIX, el sistema inquisitivo queda atrás, al considerarse incompatible con la Declaración de Derechos de los Ciudadanos. Se desarrolla el llamado sistema acusatorio formal o mixto. El Ministerio fiscal se ocupará de ejercer la acusación pública, y por primera vez aparece la dualidad de jueces, uno para instruir, y otro (no contaminado por la instrucción) para decidir o fallar en sentencia. Se reconoce también el derecho que tiene todo ciudadano a un juicio público, contradictorio y oral.

Actualmente en España rige el sistema acusatorio formal o mixto con las siguientes características:

  • El principio acusatorio es la base del procedimiento, ya que sin acusación no habría juicio.
  • Inadmisión del principio dispositivo. El representante del Ministerio Fiscal está obligado a ejercitar la acción penal.
  • Los delitos públicos se perseguirán de oficio por los Juzgados y fiscales, los delitos semipúblicos solo se perseguirán cuando exista denuncia del ofendido, y los delitos privados solo se perseguirán cuando se presente querella.
  • Rigen los principio de oralidad, contradicción, publicidad e inmediación, así como la libre valoración de la prueba por parte del Juez.
  • Separación del órgano que instruye de aquel que decide, para garantizar la imparcialidad y objetividad del encargado de dictar sentencia.

Por último es necesario señalar los demás principios con los que se reviste el proceso penal en España, como el principio de no imponer penal alguna sin juicio mediante, el principio de legalidad, el principio a ser informado de la acusación que recae sobre el detenido/investigado, el principio a la presunción de inocencia, a no confesarse culpable y ano declarar contra si mismo y el principio de oportunidad.